miércoles, 17 de junio de 2015

LAS MEDIDAS DE ADA COLAU CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA

pobreza energética,

Hay diversos criterios para medir las tasas de pobreza energética, utilizados habitualmente en los estudios especializados. Según uno de los más extendidos, un hogar se considera en situación de pobreza energética cuando ha de destinar más del 10% de sus ingresos a pagar la factura energética; otro criterio de frecuente uso define la pobreza energética como la incapacidad de mantener el hogar a una temperatura adecuada. Según el informe de la Asociación de Ciencias Ambientales, en 2012 había 7 millones de pobres energéticos en España atendiendo al primer criterio y 4 millones atendiendo al segundo. Las cifras son tremendas, como lo es el impacto que esta situación tiene en la calidad de vida de cada una de estas personas, poniéndolas al borde de la exclusión social e incluso afectando gravemente su salud. De hecho, se estima que la pobreza energética está detrás de varios miles de muertes prematuras al año en nuestro país.

La propuesta presentada por Laia Ortiz incluía medidas muy razonables (exigidas además por directivas europeas) como definir legalmente la pobreza energética y al consumidor vulnerable, y una tregua invernal que garantizase el suministro en periodos críticos a quien cumpliera unas condiciones de renta familiar determinadas por los servicios sociales. Merece la pena ver el vídeo de la intervención en que la diputada pidió la admisión a trámite de la propuesta; ni siquiera la aprobación, que sería el paso posterior. “Les pido un poco de sensibilidad y de conciencia, usemos este instrumento [la proposición de ley] para paliar el sufrimiento de millones de personas”, dijo. “No es una plaga bíblica”, es una cuestión de “medidas y de voluntad política y de valentía [...], lo ha hecho el Reino Unido, lo ha hecho Francia, lo ha hecho Bélgica, lo ha hecho Alemania”. Finalizó la intervención pidiendo “admitan a trámite, dialoguen, busquemos soluciones y abordemos un problema que existe y que crece cada día”.

El aspecto del hemiciclo durante la intervención de Laia Ortiz sobre un tema de esta importancia social habla por sí solo: estaba prácticamente vacío. Se sabía de antemano que el rodillo de la mayoría absoluta del Partido Popular iba a impedir que la propuesta siquiera se tramitara y discutiera en detalle antes de aceptarla o rechazarla.

Pero el Partido Popular no iba a contentarse con cortar el paso a esta iniciativa contra la pobreza energética. Tenían que despreciarla, y lo hicieron en la intervención de Mario Francisco José Flores Lanuza, diputado del Partido Popular. Destaca en el momento en que denunció que “la demagogia que se ha hecho aquí por parte de la que ha presentado esta proposición me parece de verdad que está fuera de lugar”, frase recibida con cara de estupefacción por la ponente y con aplausos por parte de la bancada. Después, habló de la herencia recibida y desgranó las reformas estructurales que, dijo, su gobierno había realizado para acabar con la pobreza energética, entre las que destacó la reforma laboral. La admisión a trámite de la proposición de ley, como estaba previsto, fue rechazada.

De eso hace poco más de año y medio, y algunas cosas han cambiado desde entonces. No el problema de la pobreza energética, por supuesto, que ante la inacción del Gobierno ha crecido incluso según los datos de estudios promovidos por las propias compañías eléctricas. Tampoco los beneficios de estas compañías, que siguen siendo enormes. Pero sí otras cosas. En particular, Laia Ortiz, ya exdiputada, participó en las elecciones municipales en la candidatura de Barcelona en Comú, compuesta por miembros de Podemos, Iniciativa per Catalunya Verds Equo, Esquerra Unida i Alternativa y Procés Constituent. Este grupo ganó el 24 de mayo las elecciones a la alcaldía de Barcelona con un programa que incluye, dentro del plan de choque para los primeros meses de mandato, garantizar el acceso a la energía.

No solo en materia energética van a cambiar las políticas. Como todo el mundo sabe, la iniciativa de Barcelona en Comú ha sido liderada por la activista antidesahucios Ada Colau, diana de la derecha política y mediática en los momentos en que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) puso contra las cuerdas al Partido Popular en el Congreso de los Diputados, en febrero de 2013. Las circustancias fueron muy diferentes a las de la propuesta defendida por Laia Ortiz, aunque el resultado fue, en último término, el mismo. En el caso de la ILP de la PAH, la presión ciudadana fue tal que el grupo parlamentario del PP cambió en el último momento el sentido de su voto y la admitió a trámite; esta vez, con el Congreso de los Diputados lleno y todos los medios de comunicación pendientes de la votación. Pero las propuestas de la ILP no fueron aprobadas. El plan de choque de Barcelona en Comú también incorpora medidas contra los desahucios que recuperan el espítitu de aquella ILP.

A día de hoy, con Ada Colau como alcaldesa y Laia Ortiz como teniente de alcalde, el Ayuntamiento de Barcelona está en disposición de poner en marcha las medidas contra la pobreza energética y contra los desahucios que con tanta soberbia fueron desechadas en 2013. No lo tendrán fácil. Sin ir más lejos, el Gobierno central ha maniobrado rápidamente para imposibilitar algunas de las medidas contra la pobreza energética que pueden adoptar ayuntamientos y comunidades autónomas. Sin embargo, parece que no solo los cargos y sillones han cambiado tras las elecciones del 24M: fuerzas parlamentarias que antes se oponían a este tipo de medidas se muestran ahora dispuestas a debatirlas; igualmente, empresas energéticas que se habían mostrado muy críticas con ellas comienzan a hacer gestos, y hay bancos que empiezan a encontrar viviendas disponibles donde antes no las había. A lo mejor resulta que el empujón que les hacía falta para que mostraran cierta solidaridad era tener enfrente a políticos dispuestos a mantenerse firmes usando los resortes de las instituciones en defensa de los ciudadanos. A lo mejor resulta que no todos los políticos son iguales. A lo mejor resulta que sí se puede.

Un texto de José Luis Velasco e Iván Calvo para Nueva Tribuna

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