viernes, 27 de marzo de 2015

CATÁLOGO DE CONDUCTAS PROHIBIDAS: 44 ACCIONES QUE TE COSTARÁN UNA MULTA

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La nueva Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada este jueves en el Congreso, plantea multas de un máximo de 600.000 euros. Las sanciones ascenderán hasta 30.000 euros por impedir un desahucio o tomar y difundir imágenes de la policía.

La aprobación definitiva este jueves de la Ley de Seguridad Ciudadana, con los votos de PP y UPN y el rechazo de toda la oposición, pone fin a 16 meses de tramitación parlamentaria en los que el texto ha sufrido varios cambios con respecto al borrador original que presentó Interior en noviembre de 2013. La norma entrará en vigor el 1 de julio de 2015.

En unos casos han desaparecido del redactado algunas de las conductas más polémicas, como la que sancionaba los "ultrajes a España", y en otros se han rebajado las sanciones a imponer: concentrarse sin autorización ante el Congreso de los Diputados ya no será sancionado con un máximo de 600.000 euros, sino con un máximo de 30.000, siempre que se realice una "perturbación grave de la seguridad ciudadana", según informa Europa Press.

También se ha matizado la norma para establecer que serán multados quienes use graben a la policía y usen esas imágenes de manera que "pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes". 

Finalmente estas son las 44 razones por las que alguien podría ser sancionado con multas que van desde los 100 euros hasta los 600.000 siempre que no sea delito.

4 faltas muy graves: entre 30.001 y 600.000 euros

  • Manifestaciones no comunicadas o prohibidas ante infraestructuras críticas.
  • Fabricar, almacenar o usar armas o explosivos incumpliendo la normativa o careciendo de la autorización necesaria o excediendo los límites autorizados.
  • Celebrar espectáculos públicos quebrantando la prohibición ordenada por la autoridad correspondiente por razones de seguridad pública.
  • Proyectar haces de luz sobre los pilotos o conductores de medios de transporte que puedan deslumbrarles o distraer su atención y provocar accidentes.
23 faltas graves: entre 601 y 30.000 euros
  • Perturbar la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos o culturales, solemnidades y oficios religiosos u otras reuniones a las que asistan numerosas personas.
  • La perturbación grave de la seguridad ciudadana en manifestaciones frente al Congreso, el Senado y asambleas autonómicas aunque no estuvieran reunidas.
  • Causar desórdenes en la calle u obstaculizarla con barricadas.
  • Impedir a cualquier autoridad el ejercicio legítimo de sus funciones en el cumplimiento de resoluciones administrativas o judiciales. Este punto sancionaría, por ejemplo, las concentraciones para impedir la ejecución de desahucios.
  • Las acciones y omisiones que impidan u obstaculicen el funcionamiento de los servicios de emergencia.
  • La desobediencia o la resistencia a la autoridad así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes.
  • Negarse a disolver reuniones y manifestaciones en lugares de tránsito público cuando lo ordenen las autoridades competentes cuando concurran los supuestos del artículo 5 de la Ley Reguladora del Derecho de Reunión. Entre estos supuestos se encuentra "cuando se produzcan alteraciones del orden público con peligro para personas o bienes" por lo que podría emplearse esta infracción para sancionar los llamados escraches.
  • Perturbar el desarrollo de una manifestación lícita.
  • La intrusión en infraestructuras críticas (que prestan servicios esenciales para la comunidad) incluyendo su sobrevuelo, cuando se haya producido una interferencia grave en su funcionamiento.
  • Portar armas prohibidas o portar o usar armas de modo negligente y temerario o fuera de los lugares habilitados para ello.
  • Solicitar y disfrutar (por parte del demandante) de servicios sexuales en zonas de tránsito público, cerca de lugares destinados a su uso por menores (colegios, parques...) o en zonas que pueda generar un riesgo para la seguridad vial.
  • Fabricar, almacenar o usar armas reglamentarias o explosivos sin autorización así como la omisión o falta de eficacia de las medidas de seguridad o precauciones que resulten obligatorias.
  • Negarse a las inspecciones en fábricas, locales, establecimientos, embarcaciones y aeronaves.
  • El uso público e indebido de uniformes, insignias o condecoraciones oficiales, o réplicas de los mismos del equipamiento de los cuerpos policiales o de los servicios de emergencia que puedan generar engaño.
  • No colaborar con las Fuerzas de Seguridad en la averiguación de delitos o en la prevención de acciones que puedan poner en riesgo la seguridad ciudadana.
  • El consumo o la tenencia ilícitos de drogas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares públicos, así como el abandono de los instrumentos empleados para ello.
  • El traslado de personas, con cualquier tipo de vehículo, con el objeto de facilitar a éstas el acceso a drogas (las cundas).
  • Plantar y cultivar drogas en lugares visibles al público.
  • La tolerancia del consumo ilegal o el tráfico de drogas en locales o la falta de diligencia en orden a impedirlos por parte de los propietarios.
  • La carencia de los registros previstos en esta ley para las actividades con trascendencia para la seguridad ciudadana o la omisión de comunicaciones obligatorias.
  • Dar datos falsos para la obtención de las documentaciones previstas en esta Ley.
  • Incumplir las restricciones a la navegación reglamentariamente impuestas a las embarcaciones de alta velocidad y aeronaves ligeras.
  • El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información.
17 faltas leves: entre 100 y 600 euros
  • La celebración de manifestaciones sin comunicar a las autoridades, cuya responsabilidad corresponderá a los organizadores.
  • Exhibir de objetos peligrosos para la vida e integridad física de las personas con ánimo intimidatorio.
  • Incumplir las restricciones de circulación peatonal o itinerario con ocasión de un acto público cuando provoquen alteraciones menores en el normal desarrollo.
  • Las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad.
  • Hacer o incitar a actos que atenten contra la libertad e indemnidad sexual, o ejecutar actos de exhibición obscena.
  • La proyección de haces de luz, mediante cualquier tipo de dispositivo, sobre miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para impedir o dificultar el ejercicio de sus funciones.
  • La ocupación de casas y la venta ambulante no autorizada.
  • No denunciar la perdida o el robo de un arma.
  • Las irregularidades en la cumplimentación de los registros previstos en esta Ley con trascendencia para la seguridad ciudadana.
  • No tener la documentación personal legalmente exigida o no denunciar su robo o pérdida.
  • La negligencia en la custodia y conservación de la documentación personal legalmente exigida, considerándose como tal la tercera y posteriores pérdidas o extravíos en el plazo de un año.
  • Negarse a darle la documentación a la Policía.
  • Causar daños a bienes muebles o inmuebles de uso público o privados que estén en la vía pública.
  • Escalar edificios o monumentos sin autorización cuando haya riesgo de que se ocasionen daños.
  • La remoción de vallas, encintados u otros elementos fijos o móviles colocados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para delimitar perímetros de seguridad.
  • Dejar sueltos o en condiciones de causar daños animales feroces, así como abandonar animales domésticos en condiciones en que pueda peligrar su vida.
  • El consumo de alcohol en lugares públicos cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana.
Reforma del Código Penal

La otra normativa aprobada definitivamente ayer es la reforma del Código Penal presentada por el exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en septiembre de 2013 y la relativa al Pacto Antiterrorista. La reforma del Código Penal contempla una serie de modificaciones pactadas entre el PSOE y el Partido Popular tras la tragedia de Charlie Hebdo. Entre otras, la cadena perpetua -denominada en el texto prisión permanente revisable- para delitos de terrorismo con víctimas mortales y el aumento de la pena máxima de cárcel para delitos de enaltecimiento de terrorismo hasta los 3 años, con lo que las personas condenadas por este delito podrían ir directamente a la cárcel aun sin tener antecedentes penales. También incluye como delito el “adiestramiento pasivo”, en referencia a la visita de páginas web yihadistas.

La reforma del Código Penal supone que el 40% de los comportamientos que antes se consideraban faltas ahora pasarán a ser delito. El otro 60% de las faltas pasarán ahora a ser consideradas infracciones, recogidas en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, cuya tramitación administrativa tendrá que agotar esa vía y acudir a una jurisdicción menos garantista. Tanto la Ley de Seguridad Ciudadana como el nuevo Código Penal contemplan como infracciones con importantes multas, o delitos, acciones relacionadas con la protesta social, muchas de ellas popularizadas a partir del 15M, como la ocupación de entidades bancarias o las manifestaciones frente al Congreso o parlamentos autonómicos.

El Partido Popular ha sido el único en defender en el Congreso la entrada en vigor de la pena de prisión permanente revisable, a la que han tachado de medida “moderna” que trata de evitar “rigideces” y responde a los “problemas” de las personas. Un hemiciclo medio vacío ha asistido a un debate en el que el PP ha defendido que la cadena perpetua se trata de una medida apoyada por dos tercios de la sociedad, un apoyo que ha sido puesto en duda por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). Esta organización ha realizado una encuesta en la que se explican las condiciones del sistema penal, y en la que se muestra que, facilitando algunos elementos de información, sobre el coste de mantener en prisión permanente a una persona, los encuestados cambian su opinión sobre esta medida.

Fuente: Infolibre.

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