viernes, 12 de septiembre de 2014

PUCHERAZO ELECTORAL, LA RESPUESTA DE RAJOY A LOS SONDEOS


El Partido Popular estrenó 2012 con la mayor acumulación de poder institucional que haya tenido cualquier formación política en la etapa de la monarquía parlamentaria. Además de su recién estrenada mayoría absoluta en las generales, los de Rajoy gobernaban –y gobiernan– dos de cada tres capitales de provincia y tan sólo estaban ausentes de los ejecutivos autonómicos de Asturias, Canarias y Catalunya, mientras mantenían con respiración artificial al único lehendakari no nacionalista vasco de este periodo, Patxi López (PSE).

Casi tres años después, el PP y el PSOE juntos apenas sobrepasan el 50% de la intención de voto, según la encuesta de Sigma II publicada en agosto por el diario El Mundo. Ya pasadas las europeas, Rajoy abrió el debate sobre la reforma del sistema electoral en las municipales para evitar el triunfo de gobiernos de coalición, lo cual ha provocado las críticas de los partidos y candidaturas minoritarias con más expectativa de crecimiento de votos. Tam­bién ha provocado más anuncios de reformas electorales, en parecido sentido a la ya aprobada por Cos­pedal en Castilla-La Mancha, en las también ‘populares’ Madrid, Murcia y Extremadura.

El presidente del Gobierno inauguraba el curso en septiembre fijando un plazo de dos meses para introducir la reforma en el Congreso de los diputados. Su mayoría absoluta le bastaría para aprobar en solitario el cambio en la Ley Orgánica del Régimen Electoral para imponer algún tipo de sistema mayoritario que dé la mayoría absoluta al cabeza de la lista municipal más votada. Los populares en el Congreso incluso pueden usar el procedimiento de la proposición de ley para evitar el dictamen de órganos consultivos como el Consejo de Estado, lo que ine­vitablemente retrasaría la aprobación de la norma hasta después de las próximas municipales. Según han contado fuentes parlamentarias a DIAGONAL, a fecha del cierre de este número el PP no había introducido en el Congreso ninguna propuesta de reforma electoral.

Para Cristina Velázquez, profesora de Ciencia Política en la Com­plutense de Madrid ­–no, no es de la promotora de Podemos–, la ambigüedad con la que Rajoy ha hablado de “elección directa del alcalde” es calculada. El programa electoral del PP, de hecho, se limita a proponer una “reforma del sistema electoral municipal para respetar la voluntad mayoritaria de los vecinos”. “Creo que es un intento de empezar por abajo para llevarnos a un sistema mayoritario, que en resumidas cuentas es un sistema bipartidista. Es el objetivo del PP y también del PSOE”, señala Velázquez. Aun­que el aparente punto de fricción es la fecha de implementación de la me­dida –el sucesor de Rubal­caba, Pe­dro Sánchez, la ha defendido para 2019–, Velázquez cree que el PSOE usará el argumento del mal menor para pactar antes una reforma con el PP. “Ir a una especie de sistema mayoritario puro es un absurdo en nuestro sistema político”, opina. De ahí que, en línea con una interpretación en la que coinciden más analistas políticos (como este artículo de Agustín Morán en Cuarto Poder), el posible consenso PP-PSOE se fije en un sistema de elección mayoritario con segunda vuelta.

La justificación de la medida pretende recoger el descontento ciudadano hacia las instituciones, de ahí su encuadre bajo la etiqueta “elección directa de los alcaldes” y dentro de una serie de reformas que el PP denomina de “regeneración democrática”. Por eso Tania Sánchez Melero, diputada de IU en la Asam­blea de Madrid, prefiere centrar la crítica no tanto en el efecto que pueda tener sobre candidaturas minoritarias sino sobre “la gente”. En opinión de la diputada, con estas medidas –se refiere también a la propuesta del PP madrileño de instaurar una elección directa por circunscripciones de parte de los escaños de la cámara autonómica– “el PP evita hablar de demandas reales sobre democratización y control público de la gestión, como las que sí se están desarrollando en espacios como Ganemos Madrid. Sánchez Melero ve más necesario un debate sobre cómo se eligen las listas de las candidaturas o los mecanismos de revocabilidad de los cargos y control ciudadano de la representación. “Al final, es más importante hablar de cómo se garantiza que la sanidad pública no se privatiza”, afirma.

Planeta Cospedal 

El caso de la ley electoral de Castilla- La Mancha, aprobada en solitario en julio por el ejecutivo de María Dolores de Cospedal y recurrida al Constitucional por el PSOE, es un buen precedente del efecto de arrase que pueden suponer estas reformas. Definida como “pucherazo” por toda la oposición, ha reducido los escaños de 49 a 33, algo que en el sistema de circunscripciones de esta comunidad mantendrá de forma artificial un parlamento bipartidista PP-PSOE. Una extrapolación con los resultados de las europeas publicada por eldiario.es daba cuatro escaños a IU y tres a Podemos, mientras una encuesta de un medio local, Gua­dalajara Magazine, colocaba a la nueva formación como tercera más votada y con diez escaños.

Con la nueva ley, la extrapolación de eldiario.es reducía a dos el número de escaños de IU y dejaba fuera a Podemos, mientras que la encuesta del medio local limitaba la suma de Podemos e IU a ocho escaños con la nueva ley, insuficientes para desalojar al PP sin la concurrencia del PSOE. 

Para María José Aguilar, portavoz del Círculo Podemos de Albacete (uno de los treinta que la formación tiene sólo en esta provincia), el pucherazo bipartidista de Cospedal es parte de una tendencia de años en esta autonomía. “Desde que Bono era presidente y luego Barreda ya hubo movimientos en la sociedad, y sobre todo por parte de partidos como IU, para que se modificara la ley electoral regional y se hiciera más proporcional”, señala. Hoy, con casi el doble de población que Asturias, Castilla-La Mancha elige a 12 diputados menos. “La nueva reforma electoral de Castilla-La Mancha es tan brutal”, analiza un documento interno de Podemos, “que dejaría fuera al PP si se aplicase en el parlamento de Catalunya, Navarra o País Vasco. Un efecto no deseado de estas reformas, tal y como apunta incluso la prensa conservadora, puede ser que estimule procesos de convergencia entre las fuerzas perjudicadas. Algo que según Sánchez Melero “debemos hacer por el bien común”. 

¿Ahorro o tomadura de pelo? La reforma de Cospedal en Castilla-La Mancha tuvo como objetivo declarado el ahorro en el pago de representantes por dos vías: su reducción y el anuncio de que dejarían de cobrar sueldo. En realidad, ninguna de las dos cosas es cierta. El ahorro supone, según Podemos, apenas un 0.005% del presupuesto total de la Junta y apenas un 5% del presupuesto total de las Cortes. Los miembros de la mesa y los portavoces de los grupos políticos –siete diputados en total siguen cobrando su sueldo íntegro, y el resto cobra una indemnización fija de 955 euros al mes –más 295 los presidentes de comisión–, además de otros 150 euros cada vez que asisten a un pleno o a una comisión. Pero más allá de esto, la oposición le ha criticado a Cospedal que, de recortar en cargos, puede empezar por los técnicos y altos cargos de confianza, cuyo coste –7 millones anuales– multiplica por siete el ahorro introducido por la reducción en lo que cobran los diputados. Sólo la presidenta y su Consejería de Presidencia gastan en 77 altos cargos y personal eventual en puestos de confianza más de 3,25 millones de euros anuales. 

Un artículo de Diego Sanz Pagatcha en diagonalperiódico.

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