martes, 3 de junio de 2014

¿ES UNA EUROPA SOCIAL O UNA EUROPA AL SERVICIO DE LOS MERCADOS?


La Unión Europea (UE) promueve, desde hace muchos años, una política económica y social claramente antipopular. Con las políticas monetarias y macroeconómicas del Consejo, del Parlamento y del Banco Central Europeo (BCE), una institución tan poderosa como carente de legitimidad democrática), y con la estrecha colaboración de un organismo no europeo como el Fondo Monetario Internacional (FMI), en los últimos años hemos visto como se incrementaban los niveles de paro, precariedad laboral y desigualdad en la distribución de la renta, mientras los beneficios aumentaban de manera constante para los grandes grupos económicos y financieros, fruto en buena parte de la liberalización y de la privatización de sectores productivos estratégicos y servicios públicos fundamentales. 

La UE, contrariamente, debería garantizar la primacía de los derechos sociales y la solidaridad sobre la "libertad" de mercado. Hace falta, pues, una revisión en profundidad de los tratados para abrir el camino a una Europa social, porque de lo contrario la grave crisis de legitimidad del actual modelo económico y social europeo se hará mucho más profunda. Es imprescindible que haya disposiciones claras en el derecho comunitario que indiquen que los bienes y servicios públicos no pueden estar sometidos a las normas sobre competencia, sino que deben constituir un sector orientado únicamente al interés público, bajo la gestión exclusiva de los estados miembros y de las administraciones territoriales. 


El Tratado de Lisboa, que no tuvo precisamente un amplio consenso de la ciudadanía europea, no se puede utilizar para restringir derechos fundamentales ya reconocidos por los Estados miembros, y aún menos para impedir la adopción de leyes en materia de política social más exigentes que las establecidas en las directivas de la UE. En el caso de que las competencias de los estados en materia de política social o laboral puedan entrar en conflicto con la libertad de mercado, los derechos fundamentales deben prevalecer sobre aquella supuesta "libertad".

Es imprescindible priorizar la lucha contra la pobreza y la exclusión social, conseguir una renta mínima ciudadana, garantizar las pensiones, hacer posible el acceso universal a la atención sanitaria y a la educación. Trabajar para incrementar sensiblemente los salarios mínimos o para reducir e ir erradicando las considerables diferencias salariales de género, avanzando en la conciliación de la vida laboral y personal mediante una reducción progresiva de los horarios de trabajo. 

El grupo de la Izquierda Unitaria – Izquierda Verde Nórdica en el Parlamento Europeo ha sido el único que ha propuesto cambios profundos de la estrategia de la Unión en los aspectos económicos y sociales, y que ha puesto de relieve que el planteamiento actual, centrado en la liberalización del mercado y la "competitividad", se debe abandonar en beneficio de una nueva estrategia basada en la solidaridad y el desarrollo sostenible. Las próximas elecciones europeas son una buena oportunidad para empezar a cambiar esta política, la política que conservadores y liberales, junto con buena parte de nacionalistas y socialdemócratas, han impuesto hasta ahora. 

Un artículo de Jordi Córdoba.

Azpijoko ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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