sábado, 24 de mayo de 2014

LA MANO DERECHA DEL ESTADO Y NUESTRA RESPONSABILIDAD DE DESOBEDECER


En una sociedad conflictiva, la dominación sobre las clases populares tiene dos vertientes: el consentimiento y la coerción. Clara Camps Calvet, profesora de sociología y activista por la educación pública, analiza el aumento de la represión paralelo al resquebrajamiento del consenso.


La caída de Wall Street en EEUU en 2008 marca un punto de inflexión: el sistema económico capitalista actúa ya en Europa –y en especial en la Europa del Sur– sin necesidad de pacto social con las clases populares. Un proceso que ya cogía fuerza en los 80 con las políticas de Tatcher y Reagan. La crisis económica no es una cuestión coyuntural, sino que se explica por unas apuestas de cambio político y económico estrechamente relacionadas: el neoliberalismo, la globalización y la financiarización de la economía (1). Aspectos claramente visibles en el Estado español, con un crecimiento basado en la actividad financiera debido a una política de créditos a bajo interés y a la expansión del mercado inmobiliario, supeditando, así, su economía a otros estados de la UE. Si bien ante la fuerza de otros actores transnacionales podría parecer que el Estado tiene una escasa resistencia, lo cierto es que es clave en este juego. El Estado pasa a desarrollar medidas legislativas que protegen a los mercados, recortan derechos y controlan las exclusiones y resistencias que se acentúan. Las formas de control y castigo responden a la necesidad de disciplinar a quienes se organizan colectivamente para protestar, resistir, transformar y/o revolucionar y a quienes se ven obligados o quieren resistir al margen del orden moral y económico.

Activistas, trabajadoras sexuales, personas sin hogar, con problemas de salud mental, sin papeles, pequeños traficantes de drogas, vendedoras ambulantes… se convierten en “objetos” de control, castigo e institucionalización. Violencia y abuso policial, ordenanzas de civismo, penas pecuniarias, cámaras de seguridad, centros de internamiento y la cárcel, como expresión de la subyugación total del cuerpo, se imponen como amenaza para asegurar la conformidad en una estructura cada vez más desigual y donde la injusticia es demasiado evidente para conseguir el consenso mediante dispositivos como la educación o los medios comunicación.

En palabras gramscianas, el poder de los capitalistas no sólo se mantiene gracias a un aparato de dominación formado por las fuerzas policiales, judiciales y militares, sino que existe una combinación entre coerción/dominación y consenso/hegemonía. En situaciones de crisis de régimen, la dominación se manifiesta. La acentuación de las políticas neoliberales en la Europa del sur se acompaña de muchas contradicciones que los gobiernos se esfuerzan en resolver, no sin dificultades ni miedo. Cuando la mano izquierda del Estado (el Estado social) se retira, la regulación de las clases populares requiere de su mano derecha: policía, justicia, administración penitenciaria e imposición de una filosofía disciplinaria en el régimen de asistencia social son sus principales armas (2).

Si bien la mano izquierda del Estado parece tener cierta capacidad de generar hegemonía y pacto social, el uso de la mano derecha no está libre de resistencias e indignación. Discursos simplificadores y desposeídos de verdad son cada vez más difíciles de creer para vidas que no ven futuro. La seguridad ciudadana y un discurso moralizante que apela a la irresponsabilidad en el uso de los servicios públicos y la picaresca ante el mercado de trabajo intentan justificar el control social de quienes han quedado apartados de los circuitos del mercado de trabajo considerado legal. Un uso perverso de la palabra democracia y del fenómeno violencia intenta funcionar como elemento de consenso para justificar la represión de la protesta. En este contexto, también presenciamos un intento de control del cuerpo de las mujeres, en especial mediante la restricción del derecho a abortar. Desde el feminismo se constata como el cuerpo de la mujer es apropiado por parte del Estado para controlar los procesos de maternidad, parto y sexualidad y, por tanto, la reproducción de la fuerza de trabajo. Aspecto de absoluta necesidad para los capitalistas en el momento. Las que transgreden las normas, lesbianas, trabajadoras sexuales, madres solas o mujeres presas, pasan, en ocasiones, a ser víctimas del control a través de tratamientos psicológicos y sociales que desprenden cierto regusto “moralizante” (3).

Cabe señalar que, si bien la teoría foucaltiana aporta que la cárcel, con sus rutinas reiteradas y su estructura, sirve para disciplinar los cuerpos y convertirlos en máquinas dóciles y útiles, llegando a considerar que la sociedad moderna es un reflejo de la misma, una sociedad disciplinaria o panóptica, el análisis marxista nos da pistas para entender como los dispositivos de control y punición están ligados a las necesidades del sistema de producción, así como las aportaciones feministas relacionan estos dispositivos con el sistema de reproducción, del que depende la producción.

Estado de excepción y represión de la protesta


La destrucción de las Torres Gemelas de Nueva York el 11-S de 2001 y los atentados que se sucederán en varias ciudades europeas marcan un punto de inflexión en el tratamiento del derecho penal a nivel internacional, además de que permiten instaurar la islamofobia en Occidente. La actuación de ETA en el Estado español se convierte en la otra arma justificadora de la excepcionalidad penal o del llamado derecho penal del enemigo (4). El aumento de la protesta social también ha condicionado enormemente la actuación de los dispositivos de control y punición. En el Estado español entre 2010 y 2012 ha crecido un 157,6% el número de denunciantes de agresiones y/o malos tratos producidos durante intervenciones policiales o en el momento de la detención. Las agresiones relacionadas con la movilización social en 2012 representan el 69,9% del total. En relación a los cuerpos de seguridad destaca, según datos de 2012, que 541 personas aseguran haber sido agredidas por el Cuerpo Nacional de Policía y 155 por policías autonómicas -–el 75,48% de éstas por los Mossos d’Esquadra (5). La protesta social en el territorio catalán en este período ha sido respondida con absoluta violencia: la no identificación del cuerpo policial en funciones de antidisturbios; el uso de proyectiles de goma que han causado en los últimos tres años la pérdida de siete ojos, tres de ellos en protestas sociales; el uso de gases lacrimógenos; la introducción de los subfusiles GL-06, que generan paralización temporal del cuerpo; la introducción de los cañones de sonido, que pueden resultar muy lesivos; una web de identificación ciudadana de personas que no han sido acusadas judicialmente, violando el derecho a la intimidad y a la presunción de inocencia, son ejemplo de ello. El informe del Síndic de Greuges (defensor del pueblo catalán) de 2011 y el informe del Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa de 2013, que apuntaba el “uso excesivo de la fuerza” y hacía referencia íntegra a la policía catalana, reconfirman esta situación de abuso de poder (6).

Durante este período, el PP ha realizado propuestas de cambio legislativo en clara respuesta a las nuevas formas de protesta. La aprobación del proyecto de nuevo código penal de Gallardón significa la introducción de la pena de prisión permanente, confirmando la imposición de un modelo penal cada vez más punitivo. Además permite imponer penas de cárcel y de otro tipo a quienes ocupen simbólicamente entidades privadas o públicas y aumenta la pena por delitos de desorden público. La ley de seguridad ciudadana, apoyada por CiU, castiga de forma pecuniaria un infinito de acciones de protesta social, como manifestaciones no comunicadas, convocatorias ante instituciones del Estado o en jornadas de reflexión electoral, los escraches o la ocupación de espacios públicos o privados (7).

Esta situación es devastadora, pero también nos demuestra que el poder sabe que no puede aumentar sus privilegios sin más violencia, a la vez que ve que está aproximándose a sus límites y se atemoriza ante la respuesta social que se puede generar. Es así como los capitalistas usan la violencia policial sin escrúpulos y endurecen la penalidad, pero también, en ocasiones, la presión popular les obliga a echar marcha atrás: la prohibición de las pelotas de goma por parte del parlamento catalán, después de la denuncia constante del caso Ester Quintana, o la retirada de la web de identificación ciudadana que abrió el Departamento de Interior catalán después de la huelga general del 29 marzo de 2012, son ejemplo de ello.

El miedo del poder y sobre todo la responsabilidad de construir una sociedad justa nos llama, más que nunca, a seguir responsablemente desobedientes y disidentes. Derechos sociales, derechos políticos y derecho al propio cuerpo son la misma lucha. ¡No necesitamos permiso para ser libres! (8).

Notas:

1 Sobre esta relación: Busqueta, Josep Manel, 2013: L’hora dels voltors. La crisi explicada a una ciutadania estafada. Lleida: Edicions El Jonc.

2 Sobre la interacción entre mano derecha e izquierda del Estado: Wacquant, Loïc, 2006: Castigar els pobres. Barcelona, Edicions de 1984; basado en aportaciones de Piere Bourdieu.

3 Para profundizar en los análisis feministas sobre control social y castigo leer a Silvia Federici, Tamar Pitch, Elisabet Almeda y Dolores Juliano.

4 Varios autores desde la sociología jurídica y criminológica crítica consideran que en Europa ha ido despareciendo un sistema garantista que ponía límites al poder punitivo y se ha impuesto un derecho penal específico ante varios sujetos que el poder considera que actúan contra las normas básicas que rigen la sociedad, con la imposición de penas desproporcionadas.

5 Datos del Informe 2012 sobre la tortura en el Estado español de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura.

6 Para más información: “Criminalización de la disidencia, expansión del sistema penal y situaciones de abuso policial como respuestas ante la situación de crisis de Cataluña”, del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universitat de Barcelona.

7 Para un análisis más a fondo: Pisarello, Gerardo y Asens, Jaume, 2014: La bestia sin bozal. En defensa del derecho a la protesta. Madrid, Los libros de la Catarata.

8 Subcomandante Marcos (EZLN)

Clara Camps Calvet, es profesora de sociología y activista por la educación pública.


Artículo publicado en la revista anticapitalista La hiedra (@RevistaLaHiedra)

Azpijoko ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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