jueves, 29 de mayo de 2014

CATALUÑA ES UN POLVORÍN, O SU PREOCUPANTE SITUACIÓN SOCIAL


Se coja el indicador que se coja, el mensaje que estos transmiten es que Cataluña está en una situación social muy preocupante. Las clases populares están experimentando un deterioro muy marcado de su bienestar social y calidad de vida. El gasto público social, medido tanto por el indicador de gasto público social como porcentaje del PIB, como por el de gasto público social por habitante, ha caído sustancialmente durante la crisis, a la vez que las necesidades sociales han aumentado enormemente. El número de personas en situación de pobreza y el nivel de pobreza que cada pobre experimenta han aumentado significativamente, siendo uno de los peores de la Unión Europea de los Quince (UE-15). Este descenso del gasto público social, resultado, en gran parte, de las políticas de recortes del gasto público llevadas a cabo por los gobiernos de la Generalitat, ha contribuido a esta situación. 


Esta reducción del gasto público social ha ocurrido en la mayoría de los servicios públicos del Estado del Bienestar, tales como sanidad, educación, servicios sociales, escuelas de infancia, servicios de atención domiciliaria y otros, reducciones que han empobrecido todavía más el ya insuficientemente financiado Estado del Bienestar. El gasto público social (que incluye gastos en todos estos servicios) por habitante, es de los más bajos de la UE-15. Cataluña es también el país que tiene menos gente adulta trabajando en estos servicios públicos. Una persona adulta de cada dieciséis trabaja en estos servicios, comparado con una de cada cinco en Suecia. Si tuviéramos el mismo porcentaje de personas adultas trabajando en los servicios públicos que tiene Suecia, Cataluña tendría 740.000 nuevos puestos de trabajo. 

Esta pobreza del Estado del Bienestar responde, en parte, a decisiones políticas aprobadas tanto en las Cortes Españolas como en el Parlament de Catalunya, e implementadas por los gobiernos españoles y catalanes. Entre ellas, destacan las políticas fiscales y las políticas laborales. El Estado español (que incluye el Estado central y el gobierno de la Generalitat) recibe escasos ingresos, debido a políticas fiscales insuficientemente progresivas. Contrasta la riqueza del Estado (con un PIB per cápita que es mayor que la media de la UE-15) con la pobreza de los ingresos al Estado y con el bajo nivel de gasto público, incluyendo el gasto público social (la Generalitat de Cataluña se gasta solamente el 72% del gasto público social por habitante que se gasta la media de los países de la UE-15). Estos ingresos al Estado se han visto incluso reducidos debido a las rebajas fiscales que se han ido implementando en los periodos anteriores y durante la crisis, siendo otra causa de esta reducción la disminución de la actividad económica. Los recientes cambios fiscales, con aumentos de los impuestos directos e indirectos, no han podido recuperar el nivel de ingresos al Estado que Cataluña tenía antes de que se iniciara la crisis. La reducción de ingresos al Estado y la reducción del gasto público han sido en Cataluña de las más intensas en la UE-15. 

Estas reducciones han ocurrido no solamente en los servicios públicos, sino también en las transferencias públicas, como las pensiones y seguros de paro. Las pensiones contributivas han visto descender su poder adquisitivo durante los últimos años, y algo parecido ha ocurrido entre las pensiones no contributivas; la cobertura de los trabajadores en paro por parte del seguro público de desocupación ha descendido también notablemente. Y algo parecido también se ha dado en la renta mínima de inserción. 

El deterioro del mercado de trabajo 
 
Las sucesivas reformas laborales (tres, durante la crisis) no contribuyeron al objetivo que teóricamente aquellos que las apoyaron adujeron: la creación de ocupación. En realidad, han conseguido lo contrario. Han facilitado la destrucción de ocupación, contribuyendo al elevado crecimiento de la desocupación, que ha alcanzado niveles sin precedentes en la época democrática, a la vez que ha descendido el porcentaje de la población ocupada. Ha disminuido el número de trabajadores a tiempo completo y ha aumentado a tiempo parcial, descenso forzado y no voluntario. La precariedad se ha generalizado entre los jóvenes y entre las mujeres, y también entre los inmigrantes, a pesar de que el mayor número de trabajos precarios sea entre trabajadores con nacionalidad española. El número de familias en las cuales ningún miembro trabaja se ha incrementado seis veces. El 42% de los parados se encuentra en esta situación, y el número de personas que están en paro por más de dos años ha aumentado un 1.000% entre 2007 y 2013. 

El incremento de las desigualdades 
 
Estos cambios fiscales y del mercado laboral han contribuido al enorme incremento de las desigualdades en Cataluña, uno de los mayores incrementos en la UE-15. Los datos existentes muestran que este incremento se debe primordialmente al descenso de las rentas del trabajo (y muy especialmente, de los salarios de los trabajadores, particularmente acentuado en los salarios de los trabajadores menos calificados) y al incremento de la concentración de la renta nacional en la población con mayores ingresos (y muy en particular, en aquellos que derivan sus rentas del capital). La renta de las familias del 20% con más ingresos de Cataluña es prácticamente seis veces superior a la renta del 20% inferior. Este incremento de las desigualdades ha sido mayor en Cataluña que en España. Hoy, por primera vez desde el periodo democrático, las rentas del capital representan un porcentaje mayor que las rentas del trabajo. 

Un artículo de Vicenç Navarro.  Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas.  Universidad Pompeu Fabra.

Azpijoko ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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