miércoles, 9 de abril de 2014

LA VIVIENDA HA DE SER UN DERECHO, Y NO UN NEGOCIO


Hace días, el diario británico The Guardian estimaba en 11 millones el número de viviendas vacías en Europa, y en 4,1 millones las personas que recorren sus calles en busca de este derecho reconocido en tratados internacionales y regionales. La sola contraposición de estos dos datos, y quizás estimando el lector el número de individuos que pueden habitar una vivienda, bastaba para abrir nuestras bocas de asombro, y abrir seguro un largo debate. 

España, gracias a su insigne modelo inmobiliario, de vivienda como negocio, y seguridad en la tenencia de un hogar como propiedad privada, concentra casi un tercio del problema (3,4 millones de casas vacías), siendo el país europeo donde más se ha construido, menos alquiler social se promueve y más se desahucia (más de 300.000 desalojos en cinco años) como denuncia la PAH. 

FEANTSA estimaba en 2012 que el sinhogarismo en nuestro país podía llegar a las 30.000 personas, que su número estaba aumentado en los últimos años y su perfil cambiaba, incorporando a nuevas mujeres, jóvenes y familias. 

Llamamos sintecho a aquellas personas que se tienden a dormir en los espacios públicos, pero también a aquellas que pasan la noche en albergues o en alojamientos informales o precarios, bajo la amenaza constante del desalojo o la insalubridad. Pero también son llamados sintecho con el objetivo de excluirles del reconocimiento de ciudadanía, ligada a la posesión de una propiedad o un trabajo; y olvidando, a pesar de sucesivos recordatorios de la Relatoría de Naciones Unidas, que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ratificado por España a comienzos de la democracia) obliga a priorizar la protección de las personas más vulnerables. 

Si decimos sintecho será porque, si bien sabemos que las dificultades que afrontan cada día estas personas van más allá de la simple tenencia de un cobijo material, intuimos que es un factor importante de su exclusión, y una condición imprescindible para su desarrollo personal y social. En cambio, en la atención que reciben tradicionalmente los sintecho en nuestro país, el techo es la meta, un premio al final de un largo proceso en la escalera asistencial de la integración que no muchos alcanzan. 

En los 90, nacía en Estados Unidos el modelo de apoyo conocido como Housing First, desarrollado con éxito (incluso en términos de costes) y exportado a Canadá y países europeos como Finlandia, Irlanda, Reino Unido o Dinamarca, en lo que podemos llamar más ampliamente enfoques centrados en la vivienda. Esto es, intervención temprana en vivienda, considerada un derecho fundamental y un requisito para superar los concomitantes problemas sanitarios, sociales, laborales, etc. Se facilita a estas personas o familias el acceso a la vivienda a través de contratos de arrendamiento seguros, y una asistencia integral fuera del domicilio y en la medida que el usuario acepte y decida. Parte, por tanto, de la consideración simple pero a menudo obviada de que estas personas son personas. 

Ojalá el actual punto de inflexión, de vivienda vacía y creciente conciencia de la exigibilidad de un lugar habitable, sirva para reflexionar y proponer, como nuestros vecinos europeos, soluciones al sinhogarismo, centradas en la dignidad y el derecho a la vivienda. Porque podría ser que tuviésemos otra Constitución, que no se reconociese el Estado social, o que su artículo primero no consagrase la igualdad de todos y todas, y la obligación del Estado de promoverla activamente, pero así como es.

Un artículo de Carlos Puentes Ramiro.

Azpijoko ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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