miércoles, 2 de abril de 2014

EL DERECHO A LA VIVIENDA, UNA ASIGNATURA PENDIENTE


En 2010, España era el primer país de Europa en convertirse en Estado-parte de un nuevo mecanismo de la ONU, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que debía permitir a las personas solicitar justicia a las Naciones Unidas en casos de vulneración del derecho a una vivienda adecuada, la alimentación, el agua, la salud, la educación y otros derechos económicos, sociales y culturales (DESC), tal como ya sucede desde hace décadas con los derechos civiles y políticos. 

La firma del PIDESC no se ha traducido en una mejora del problema habitacional en España, al contrario, el Observatorio DESC dice que, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde el año 2008 hasta el primer semestre de 2014 se han iniciado más de 500.000 procedimientos de ejecución hipotecaria y alrededor de 300.000 desahucios.

Cabe destacar que el Comité DESC, órgano de vigilancia de la ONU para los DESC, prohíbe los desalojos forzosos, que sólo permite en ciertas circunstancias excepcionales y con el riguroso cumplimiento de ciertas garantías, y que, en ningún caso, un desahucio puede provocar que una persona se quede en la calle, sin vivienda.

En este sentido, y a pesar de no ser el órgano que directamente vela por la protección de los DESC, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictó medidas cautelares de suspensión de desalojos en los casos de la Cañada Real (Madrid) y de Salt (Girona) en 2013.

Y el mismo año, otro tribunal, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declaró ilegal la Ley Hipotecaria, porque vulneraba una Directiva europea de 1993. Esta sentencia forzó una reforma que la gente hacía tiempo que pedía. La reforma no cumple con todos los requisitos, ni de la sentencia TJUE ni del PIDESC, ya que continúa aventajando a los bancos y perjudicando a los deudores. La nueva Ley Hipotecaria continúa vulnerando el derecho a la defensa, a la igualdad de armas y el derecho a la vivienda.

Recordemos que el problema habitacional ya lo pusieron sobre la mesa los "okupas" que durante los años 90 hicieron bandera de la necesidad de retornar a las casas abandonadas su función social, y que fueron criminalizados por ello, hasta el punto de reformar el Código penal, en el año 1995 para convertir un asunto civil en delito penal. Más de una década después el problema sigue sobre la mesa. El verano pasado, Andalucía fue pionera en aprobar el “Decreto Ley Andaluz 6/2013 de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la Vivienda”, pero el Tribunal Constitucional (TC) lo ha suspendido de manera cautelar a partir de la denuncia de inconstitucionalidad presentada por el gobierno español. 

Mientras tanto, el volumen de pisos y casas vacías va creciendo exponencialmente, y los índices de pobreza y desempleo lo acompañan. La crisis sigue haciendo estragos entre las clases medias y bajas, al tiempo que el gobierno rescata bancos a costa de vidas humanas.

El Estado español fue pionero en la firma y ratificación del PIDESC, ahora hace falta que se decida a ponerlo en práctica. Mientras tanto, nuestro consuelo es que la lucha continúa en la calle, y que es la gente quien tiene que poner el problema en la agenda política para forzar los cambios legislativos.

Un artículo de la abogada Montse Aumatell (@MontseAumatell)

Azpijoko ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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